ÍNDICE CORRECTOR: EMPRESAS DE REDUCIDA DIMENSIÓN. CÁLCULO DEL PERSONAL ASALARIADO

Como ya sabemos, a grandes rasgos, los índices correctores generales son aplicables a todas aquellas actividades que se incluyen en el régimen de estimación objetiva, exceptuando las de tipo agrícola o ganaderas.

A tenor de lo anterior, y según dispone la normativa, el índice corrector correspondiente se aplicará, en función de la población en que se desarrolle la actividad, cuando concurran todos y cada uno de los siguientes requisitos:

1.      Que el titular sea persona física.

2.      Que la actividad se ejerza en un solo local.

3.      No disponer de más de un vehículo afecto a la actividad y que este no supere los 1.000kg de capacidad de carga.

4.      Sin personal asalariado.

 

En los municipios de hasta 2.000 habitantes………………0,70

En los municipios de 2.001 hasta 5.000 habitantes………0,75

Más de 50.000 habitantes……………………………………0,80

Sin embargo, cuando por ejercerse la actividad en varios municipios exista la posibilidad de aplicar más de uno de los índices anteriormente expuestos, se aplicará tan solo el que corresponda al del municipio con mayor población.

Siguiendo con la lectura de la normativa, en la misma se establece que Cuando concurran las circunstancias señaladas en los números 1º), 2º) y 3º) del párrafo anterior y, además, se ejerza la actividad con personal asalariado, hasta 2 trabajadores, se aplicará el índice 0,90, cualquiera que sea la población del municipio en el que se desarrolla la actividad.”

La lectura de este precepto parece clara, sin que se origine mayor controversia en su aplicación, sin embargo, LA ADMINISTRACIÓN suele hacer una interpretación totalmente partidista y contra legem de la norma, entendiendo que debe computarse de forma nominal o numéricamente en cuanto a las personas contratadas, cada una con su nombre y apellidos, y sin tener en cuenta, como se hace en la Orden que resulte de aplicación en cada ejercicio, el resto del articulado.

Así, y a modo de ejemplo, de una interpretación sistemática de la instrucción 2.3.b.1) para la aplicación de los signos, índices o módulos en el IRPF contenida en el anexo II de la Orden HAC/1264/2018, de 27 de noviembre junto con el contenido de esta última, se desprende que la forma de cálculo y de lo que debe considerarse como unidad de personal asalariado “la que trabaje el número de horas anuales por trabajador fijado en el Convenio Colectivo correspondiente. […] Cuando el número de horas de trabajo al año sea igual o superior, se estimará como cuantía de la persona asalariada la proporción existente entre el número de horas trabajadas y las fijadas en convenio, o en su defecto, mil ochocientas”. Y es que el legislador, EN NINGÚN MOMENTO, ha establecido la interpretación dada generalmente por algunas administraciones, según la cual “no se disponga de más de dos trabajadores, es decir, que a lo largo del año no haya SIMULTÁNEAMENTE más de dos personas asalariadas trabajando en la actividad”. Por ello, resulta de vital importancia acreditar el promedio de trabajadores con los que ha contado el empresario durante el ejercicio a través del informe que emite la propia Seguridad Social. 

Esta posición esta siendo avalada no solo por algunos Tribunales Económico Administrativos Regionales, sino también por la mayor parte de los Tribunales Superiores de Justicia de todo el panorama nacional. A modo de ejemplo os dejamos las siguientes resoluciones:

·        Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª, núm. 56/2022 Rec. 375/2021, de 20 de enero de 2022.

·        Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Burgos), Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2ª, núm. 22/2020, Rec. 136/2019, de 10 de febrero de 2020.

·        Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2ª, núm. 84/2018 Rec. 397/2016, de 15 de febrero de 2018.

·        Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5ª, núm. 798/2013 Rec. 408/2011, de 17 de septiembre de 2013.

Por lo anterior, aquellos contribuyentes que se vean afectados por la interpretación restrictiva y contra legem que efectúan algunas administraciones en el momento de aplicación del índice corrector de empresas de reducida dimensión, deben asistirse de un buen especialista en la materia, que les guiará y le indicará los pasos a seguir para hacerlo valer en sede administrativa y/o judicial, evitando así el perjuicio económico, que de devenir firme la resolución administrativa, le pudiera ocasionar.

Si estas en esta situación y necesitas ampliar la información, no dudes en contactar con la firma. Estaremos encantados de ponernos a tu disposición y de velar de la mejor manera por tus intereses económicos frente a la Administración Tributaria.

¡Nos vemos en el siguiente post!

Igor Anta Puertas. 

Abogado. Colegiado 19603 ICAV

 

 

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